España no es Italia

Mario Monti, primer ministro italiano, ya ha explicado las medidas que propondrá al parlamento para su aprobación. Son medidas en parte conocidas por los españoles y otras no. Algunas realmente sorprendentes, no por lo que proponen, sino por lo que eliminan.

Algunos medios hablan de si estas medidas serán el preludio de lo que Rajoy propondrá en España. Espero que no; no por la dureza de las mismas, sino porque estaríamos abocados a la depresión económica al igual que, me temo, le ocurrirá a Italia si no emprende otra serie de medidas. Sin duda, el rediseño de la nueva Europa pasa por apretarse el cinturón.

Resumo las medidas propuestas por Monti que suponen un recorte de unos 24.000 millones:

Ingresos:
1. Nuevo impuesto sobre el lujo (coches de alta cilindrada, embarcaciones de lujo, ultraligeros, villas e inmuebles señoriales).
2. Tasa patrimonial sobre la segunda y tercera propiedad inmobiliaria.
3. Reintroducción del impuesto sobre bienes inmuebles de la primera vivienda que Berlusconi había eliminado.
4. Elevación en 3 puntos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, para rentas superiores a 75.000.
5. Subir el tipo del IVA en 3 puntos hasta el 22%.

Gastos:
1. Aumento de los años necesarios de cotización para obtener la pensión máxima.
2. Retraso en las edades de jubilación a 62 años para las mujeres y 66 para los hombres, con convergencia a los 66 en el 2018.
3. Congelación de las pensiones, excepto las mínimas que se adaptan a la inflación.
4. Eliminación de determinadas “agencias” públicas consideradas de poca utilidad.
5. Las juntas provinciales y los consejos provinciales tendrán un máximo de 10 componentes.

Otras medidas:
1. Reforma laboral que se publicará en las próximas semanas.
2. Apoyo a las empresas, como:
a. Liberalización de horarios comerciales y eliminación de trabas al establecimiento de empresas.
b. Reforzamiento del fondo de garantía para asegurar de entre 20 a 25.000 millones de euros de crédito a las PYMES
c. Premiar fiscalmente el capital que invierta en las empresas.
3. Perseguir el fraude fiscal, sin considerar posibles amnistías.

Una buena parte de estas medidas ya las conocemos en España (subida de IVA, alargamiento de las edades de jubilación, establecimiento de mínimo de años para poder percibir la pensión, incremento de impuestos especiales, congelación de pensiones, pero también reducción del sueldo de los funcionarios, políticas de eficiencia en la Administración Pública y en la sanidad, persecución del fraude fiscal,…).

Me temo que con las perspectivas económicas que tenemos para los próximos años, con reducción de nuestra producción, o estancamiento de la misma para la mayoría de los países de la UE, la solución no pasa por una elevación de la presión fiscal sobre los ciudadanos.
Hay que tener en cuenta que todo el dinero que detrae el sector público de la economía, son recursos que no se invierten o gastan en la misma, al menos de una forma tan eficiente como lo haría el sector público (palabras textuales de Trichet, ex-gobernador del BCE). Hay un punto de no retorno donde el sector público asfixiaría definitivamente a la economía, y no creo que ese punto esté muy lejos de la presión fiscal actual. Institutos y centro de estudios expertos en esta cuestión deberían establecer la frontera que no podemos traspasar.

No nos equivoquemos, las medidas propuestas por Mario Monti corresponden a una economía en crecimiento, el cual dudo mucho que se produzca a corto plazo. Además, si tenemos en cuenta que el PIB italiano está en torno a 1,5 billones de euros, un ahorro de 24.000 millones supone un raquítico 1,60%, a todas luces absolutamente insuficiente para hacer frente a una deuda pública que supera el 120% de su PIB.

No podemos olvidar que lo importante no es el límite de déficit del 3% establecido por el Tratado de Maastricht, sino el superávit primario tal como comenté en “Dudas sobre la salud de Alemania”, es decir, la diferencia entre los ingresos y gastos, que deben ser positivos si queremos reducir año tras año esa deuda. Permitir a los países llegar a ese 3% de déficit anual, por lógica, significa que la deuda continuará aumentando progresivamente. Nada bueno, desde luego.

No conozco en profundidad los entresijos de la economía italiana, pero los medios de comunicación nos indican que Italia posee una estructura administrativo-política de enorme peso para los recursos económicos del país. Nada que la diferencie con el caso de España: una estructura administrativa pública descentralizada que ha mantenido un modelo procedente de siglos pasados (Senado, Diputaciones, Cabildos en Canarias, Consejos Insulares en Baleares), a la que se une miles de empresas públicas, la mayoría en pérdidas y de dudosa utilidad para el ciudadano. Servicios de sociedad opulenta nacidos durante la época alegre diseñados pensando en un sector constructor con un suelo infinito, igual que los potenciales compradores y su financiación procedente del exterior.

Suelo decir que en una época como la actual, con una tasa de desempleo tan elevada y con unas perspectivas futuras muy malas, los ciudadanos españoles son lo suficientemente inteligentes para aceptar la adopción de medidas que de verdad signifiquen un cambio importante. Pienso que una reordenación de nuestra estructura administrativa pública es indispensable si no queremos estar nuevamente en el disparadero hacia el FMI y sus rescates vinculados a políticas realmente duras para el ciudadano.

Que Italia haga lo mismo.