El problema ya está resuelto


Esa fue la expresión que pronunció Rajoy el día que explicó a los españoles que había pedido el rescate de la banca (aunque cambió esa palabra por la eufemística “ayuda”). Acto seguido se fue a ver el partido de fútbol inaugural de nuestra selección.

Pues menos mal que está resuelto porque para terminar la semana el FMI aconseja a España reducir los salarios de los funcionarios nuevamente y subir el IVA de forma inmediata. O sea que, pendiente de la reunión del G20, las instituciones internacionales no ven tampoco dónde se encuentra de verdad el problema económico de España: una organización administrativa del Estado desarrollada en exceso durante el crecimiento de una burbuja especulativa basada en el ladrillo. Una estructura que ahora se demuestra insostenible.

España tiene más políticos que Alemania, a pesar de ser también un Estado descentralizado con el doble de población que nosotros, concretamente más de 445.000 políticos, a los que hay que sumar una cantidad indeterminada de asesores. A esto unimos varios miles de empresas públicas, la inmensa mayoría sin utilidad “pública”, prácticamente todas deficitarias que se nutren del dinero del contribuyente, y cuya finalidad básica es buscar una ubicación a políticos en retirada o incómodos, servir al clientelismo político o directamente para colocar a hijos y familiares de los cargos políticos.

España cuenta con unos 8.400 municipios, organización local que se creo hace varios siglos en una época donde la gente se desplazaba a lomos de mulos o carros. Diecisiete comunidades autónomas que han fragmentado la unidad de mercado hasta niveles ridículos que perjudica a las nuevas inversiones y, por extensión, al empleo. Un sistema que funciona en épocas de crecimiento económico, pero que bloquea cualquier política encaminada a conseguir dicho objetivo.

Diputaciones correspondientes a una organización del Estado de tipo centralista que perdura incluso cuando se descentraliza.

Funciones duplicadas o triplicadas en una organización absurda donde el partido que sustenta al gobierno prometió atajar en campaña electoral, y cuya propuesta hizo que muchos le votaran.

Eliminar todo esto por parte de los políticos es tanto como poner al lobo a cuidar el rebaño.

Pero volvamos a las medidas propuestas por el FMI. Por una parte, bajar nuevamente el salario de los funcionarios, reducirán el gasto público como es lógico, pero por otro lado conlleva dos hechos negativos para la economía: introduce una mayor inseguridad jurídica sobre las relaciones laborales y reduce el consumo, justo lo que no necesitamos precisamente en este momento.

Por otro lado, el incremento del IVA supone una nueva bajada del consumo (debemos recordar que en el mes de Mayo éste se vio reducido en más del 12% en relación al mismo mes del año pasado (y ya era significativa su reducción en relación al año anterior, y al anterior)), y supone también un incremento de la inflación en una economía en recesión.

O sea ambas medidas ayudarán a profundizar aún más en un grave problema del que nadie se ocupa: la Stanflation (recesión acompañada de subida de precios), situación peligrosa ya que supone un empeoramiento creciente en las condiciones económicas de la sociedad. Situación no perdurable en el tiempo.

Por otro lado, el incremento del IVA acompañado de una reducción del consumo (por este motivo y por la nueva rebaja de los sueldos de los funcionarios, con inseguridad jurídica incluida) posiblemente suponga una menor recaudación y no a la inversa como supone el gobierno y el FMI.

En resumen: se proponen medicinas a una enfermedad mal diagnosticada.

¿El problema ya está resuelto?

 

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