Sigo sin temer a la deflación

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Después de hablar sobre esta cuestión en “no hay que temer a la inflación interna” hace varias semanas, podemos comprobar con los datos más recientes de Marzo, que efectivamente nuestra inflación es negativa. Concretamente hemos cerrado el mes con un 0,1% en negativo, pero, insisto, no es un asunto preocupante, al menos para los ciudadanos. ¿Por qué?

En primer lugar, porque para considerar que pudiéramos tener un problema grave de deflación, la minoración de los precios se debe producir al menos en dos semestres seguidos. Aún así, si pensamos que de lo que estamos hablando por ahora son de décimas, no le cabe en la cabeza de nadie que un buen número de personas releguen sus compras para un futuro con el fin de hacer que cunda más su dinero, máxime en una situación como la española con altas tasas de desempleo, reducidos ingresos familiares y alta presión fiscal, que hace que la mayoría de ciudadanos confiese que llega a final de mes mal o muy mal.

Comentaba que en una situación de desempleo exorbitante como el nuestro, unas expectativas lógicas sobre nuestra economía (nuestra economía no se recuperará al menos en una década, según el Servicio de Estudios de BBVA), un mercado de trabajo inestable y con incertidumbres, junto con una escasez de financiación tanto para particulares como para empresas (los únicos que se salvan son las administraciones públicas que con un efecto “crowding outeliminan el 82% de la capacidad de financiación de la economía, que de otra manera iría a parar a las PYMES y autónomos, los verdaderos creadores de puestos de trabajo)), impidiendo que el consumo interno puede crecer, hacen que lo que sea realmente extraño es que los precios suban.

Ante tal cantidad de contrariedades, especialmente para el ciudadano, lo mejor que a éste le puede ocurrir es que los precios se reduzcan, al menos de forma moderada. Lo contrario significaría, además de compaginarlo con una inestabilidad laboral, empeoramiento de sus condiciones de trabajo, o simplemente el desempleo, que se enfrente con unos ingresos más reducidos a una cesta de la compra cada vez menos accesible. O sea, empobrecimiento manifiesto.

Muchos economistas y otros expertos alertan de que entrar en una espiral deflacionista es un problema de enormes consecuencias sobre cualquier economía, por lo que conllevaría de reducción adicional del consumo, minoración de las ganancias empresariales, eliminación de puestos de trabajo, etc., etc., en una espiral de difícil control. Sin embargo, pienso que tal problema sólo está defendido y “agrandado” por aquellos que tienen grandes deudas. De esta manera, la devolución del capital y el servicio total de la deuda va minorando a medida que pasan los años. Me estoy refiriendo básicamente a la deuda de las administraciones públicas, que a fecha de hoy está al 96,5% del PIB, sin considerar las ayudas a la banca, incrementándose en 462 millones cada día en lo que va de año.

Establecer medidas como la de reducir los tipos del BCE desde el 0,25%, pienso que no va a tener ningún efecto. La banca no se va a sentir más motivada en pedir dinero prestado al BCE para luego ofrecerlo a los clientes y éstos, aún suponiendo que se traslada al 100% esa reducción de los tipos, se trata de una cantidad tan pequeña, que es seguro no va a condicionar ninguna toma de decisiones en inversiones empresariales. Y más si consideramos los altos costes de la financiación en España, que hace que prácticamente ninguna nueva inversión vaya a compensarlos. Por tanto, cualquier medida de este tipo partiendo desde unos tipos tan reducidos, tendrían un efecto nulo. Incluso el FMI se ha unido a la fiesta de vincular la deflación a la generación de empleo, sin tener en cuenta otras implicaciones sobre la economía.

El problema no es de entrar en una espiral deflacionista nefasta, sino el temor de los gobiernos de no poder devolver las enormes deudas contraídas, que aumentan cada mes pensando que el bolsillo de los otros no tiene fondo.

En resumen, más de lo mismo: gobiernos alarmando sobre el posible problema, supuestos expertos que siguen las pautas de los distintos gobiernos europeos, y nada más.

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