O Estado del Bienestar o Estado de las Autonomías
Por supuesto continuamos con la cruda crisis económica en España y no vemos ni brotes verdes, ni siquiera luz al final de túnel, que es lo peor.
El gobierno, en un intento de parecer honrados, dio una rueda de prensa con la ausencia de Rajoy, faltaría más, para comunicar a los españoles lo que ya sabemos: que la economía irá peor de lo que ellos intentan transmitir. No había pasado ni 45 horas y Bruselas echa por tierra estos negativos datos, y los empeora: acabaremos 2013 con una tasa de desempleo del 27% y una caída del PIB del 1,5%.
Mientras, empezamos a hablar desde distintos frentes en la imposibilidad de mantener un Estado de las Autonomías súper-atrofiado con unos costes políticos que nuestra economía no puede soportar más.
Con un déficit público superior al 10%, incluidas las ayudas a la banca en 2012 (lógicamente, procedentes de nuestros impuestos), lo que, suponiendo una recaudación fiscal del 37% del PIB y éste algo superior a 1 billón de euros, nos lleva a la conclusión que nuestro Estado de las Autonomías gastó aproximadamente un 27% más de lo que ingresó. Y todo ello con unos recortes sangrantes en sanidad y educación, pilares por cierto del crecimiento futuro.
Para este año, las autonomías se están peleando a ver a quién se les permite tener un déficit mayor, como si eso fuera algo positivo para los ciudadanos, y el Gobierno negocia con Bruselas que nos permita un 6% de déficit sobre el PIB, lo que, suponiendo una caída del 1,5% del PIB y unos ingresos fiscales similares a los del 2012 (lo que en mi opinión, no deja de ser optimista), representaría un 16% de gastos superiores a los ingresos. Por supuesto no podemos perder de vista que el déficit se acumula año tras año, que los intereses devengados crecen, que estamos a expensas de la confianza que transmitamos a quiénes nos prestan su dinero y que, por tanto, los intereses pueden crecer. Y todo ello utilizando sin rubor el dinero de las generaciones futuras.
Los expertos ya empiezan a ofrecer información de los costes políticos que pagamos con nuestros impuestos y de cómo habría que desmontar un “ya insoportable” Estado autonómico.
No se trata de que tengamos un número de funcionarios elevado, incluso algo menor que la media europea, sino de un sinfín de organismos creados con la finalidad última de satisfacer el clientelismo político, introduciendo a personajes desempleados de los partidos, familiares y amiguetes en empresas creadas ex-profeso para esa finalidad. Ninguno de esos organismos tienen beneficios, que se sepa. Y ese déficit, claro está, lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Y sin que nadie nos haya pedido permiso.
Se supone que pagamos impuestos para la mejoría de las condiciones de los ciudadanos en general, no para el de las “clases extractivas”, como bien explicó César Molina, personajes que pululan alrededor de los partidos y que nos ha conducido a esta situación insoportable para nuestra economía.
De forma generalizada a nivel nacional, se van eliminando tareas a los funcionarios, aprovechando para suprimir muchos puestos, y se van traspasando a organismos y empresas públicas creadas al efecto para tener la libertad de colocar a los amiguetes y familiares desempleados. Una estrategia que no es controlable por los sindicatos, como sí ocurre con las incorporaciones de funcionarios a través de las pruebas pertinentes.
Eliminamos la transparencia en las oposiciones por un sistema basado en la creación de empresas para que los políticos en el poder puedan colocar a sus amigos y parientes.
Un sistema que nos lleva a ningún sitio. Debemos elegir, o Estado del Bienestar o Estado de las Autonomías. Las dos cosas al mismo tiempo no es posible.
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Manuel Caraballo 